Inmigración o Racismo. Paul Chehade:.
La Florida Adoptara Ley Estilo Arizona.
Florida debatirá ley antiinmigrante , quieren imitar a Arizona.
De acuerdo con un reporte publicado por el diario St Petersburg Times en su página de Internet, el plan es convertir la permanencia sin papeles en el estado como un delito criminal. También, como en Arizona, incluiría severas sanciones a empleadores que contraten trabajadores sin papeles.
El diario agregó que el legislador estatal William Snyder (republicano de Stuart) aseveró que bajo la propuesta de ley la policía tendría poder para pedir a las personas sospechosas prueba de su residencia legal.
“Hay componentes importantes de la ley de Arizona que planeo incorporar”, dijo el congresista, quien presentará el proyecto a la Asamblea Legislativa estatal en noviembre próximo.
De igual manera que los expongo aquí los expuse en las entrevistas en videos que adjunto:
1.- http://www.youtube.com/watch?v=rdFsnjjWrR8
2.- http://www.youtube.com/watch?v=yrb0lDyK-ok
3.- http://www.youtube.com/watch?v=JZQ0Gm6HrCE
Todos los seres humanos somos iguales. Inmigración o Racismo.
Promulgada en Arizona la ley SB 1070 que criminaliza a nivel estatal estar ilegalmente en Estados Unidos, nos demuestra que El Gobierno Federal ha estado ausente en el tratamiento de la inmigración permitiendo que con esta ley, nuestra nación retroceda 50 años, creando un precedente legal que en forma disimulada estimule la discriminación étnica.
La ley básicamente legaliza la discriminación racial poniendo a las comunidades de color en la mira al requerir a los empleados del gobierno estatal y local que determinen si una persona está legalmente en los Estados Unidos basado en una “sospecha razonable.”
La ley socava la Constitución y responsabiliza a la policía local con autoridad federal. Arizona concede a la policía local la autoridad de arrestar por violaciones administrativas de leyes federales de inmigración, aunque la policía estatal ni siquiera tiene esta autoridad bajo ley federal.
La ley tipifica como delito la solicitud de trabajo, aunque las cortes previamente fallaron que el solicitar trabajo es una forma de expresión protegida bajo la Primera Enmienda.
Este problema ha surgido porque Congreso ha fracasado en promulgar una reforma inmigratoria integral que restablezca la seguridad fronteriza, proporcione un programa de visas flexible para satisfacer las necesidades de negocios y familias. Este es un asunto federal y debe ser manejado por el Congreso inmediatamente antes de que otros estados empiecen a seguir el ejemplo de Arizona.
Esta Ley es un pecado social y racial, y debería ser denunciada como tal por la gente de fe y de conciencia en toda la nación. No se trata sólo de Arizona, sino de todos nosotros, y de qué clase de país queremos ser. Debemos tener presentes nuestras tradiciones que nos piden claramente que tratemos a todas las personas con dignidad y respeto independiente de nuestro origen, raza, color de la piel y religión seamos evangélicos, protestantes tradicionales, católicos , judíos o musulmanes entre otras que representan a millones de ciudadanos estadounidenses.
Hoy hay otros estados que están anunciando crear leyes similares y nadie dice nada dejando de esta manera establecido un precedente en un país donde las leyes se basan en jurisprudencia, que ser inmigrante sin residencia legal es un crimen, dando la legalidad a separar familias, destruir matrimonios, dejar hijos sin padres, y penalizando a cualquier ciudadano americano por ayudar o servir a otro ser humano por no tener una residencia legal, lo cual atenta en contra de todos los valores humanos que este país predica.
Se estima que más de 10 millones de personas viven y trabajan en el país sin la documentación adecuada. Y esta ha convertido a Arizona en el primer estado en criminalizar este tipo de inmigración.
La discriminación racial ocurre cuando un miembro de algún grupo racial es sujeto a un trato diferente o desigual (“discriminación”) en ciertas situaciones, y cuando dicho trato se basa en la raza del individuo.
Este país ha crecido y prosperado por el trabajo constante de personas en su gran mayoría inmigrantes con la esperanza de plena igualdad de derechos y oportunidades dentro de nuestras fronteras.
Es muy importante que en este caso en especial consideramos cual será nuestra condición y como seremos tratados siendo muy importante que las personas conozcan cada vez mas que dice nuestra constitución, cuáles son nuestros derechos civiles y fundamentalmente la declaración de los derechos humano de los cuales solo se habla y gran parte de las personas no conoce.
Nos hemos demorado más de 200 años en saludarnos con respeto y es tiempo que los ciudadanos de este país juntos revisemos nuestras reglas y consolidamos nuestras libertades basadas en que todos los seres humanos somos iguales creando criterios para otorgar visas, sustentar la institución familiar, contribuir a que nuestra nación salga de esta crisis contribuyendo a servir a nuestra nación a nivel personal y general basados en que todos somos iguales no discriminando a ninguna persona por raza o religión.
La discriminación racial puede darse en muchos contextos, pero ocurre con mayor frecuencia en las siguientes situaciones:
Empleo, Educación, Vivienda entre otras, Trato diferencial por parte de las autoridades. Incluyendo las quejas por estigmatizar con base en la raza, las quejas por discriminación racial también envuelven a la discriminación por nacionalidad y origen.
Los derechos civiles tradicionalmente se refiere al derecho básico de no ser tratado de manera distinta debido a ciertas características protegidas raza, género, discapacidad, entre otras.
Las libertades civiles se refieren ya sea a los derechos básicos y libertades garantizadas de manera explícita en la Carta de Derechos y en la Constitución tales como , libertad de expresión , derecho a la privacidad , derecho a que su vivienda no sea registrada injustificadamente , derecho a ser juzgado de manera justa ,derecho al matrimonio ,l derecho al voto.
La mayoría de las leyes que prohíben la discriminación, y muchas definiciones legales de actos “discriminatorios”, se originaron a nivel federal a través de una de las siguientes opciones:
Legislación Federal. Tal es el caso del Acta de Derechos Civiles de 1964, y el Acta de los Americanos Discapacitados de 1992. Otros decretos federales (complementados por decisiones de la corte) prohíben la discriminación en cuanto al derecho de voto, a la vivienda, a la extensión crediticia, a la educación pública, y al acceso a las instalaciones públicas.
Desde la fundación de esta nación, mas de 55 millones de inmigrantes de cada continente se han establecido en los Estados Unidos. En efecto, con la excepción de los americanos nativos todo el que vive en este país es inmigrante o descendiente de inmigrantes voluntarios o involuntarios.
Durante la depresión de los 1840, grupos tumultuosos, hostiles a los católicos irlandeses, quemaron un convento en Boston y hicieron motines en Filadelfia. En 1882 el Congreso paso el Acta de Exclusión de Chinos, una de las primeras leyes de inmigración, para mantener afuera toda persona de origen chino. Durante el “Temor Rojo” de los 1920 miles de personas nacidas en el extranjero sospechadas de radicalismo político fueron arrestadas y brutalizadas. Muchos fueron deportados sin audiencia.
En 1942, a 120,000 americanos de descendencia japonesa les fueron confiscadas sus casas y otras propiedades y fueron internados en campos hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Durante el mismo periodo se excluyo a muchos judíos bajo las normas puestas en vigencia en los 1920s. En los 1950, un programa del gobierno puso exclusivamente a los mexicanos en la mira para deportación. Hoy la situación difiere un poco de los años anteriores. Llena de simpatizantes extremistas, antiinmigrantes que en gran medida se basan en mitos acerca de los efectos de la inmigración en la economía de la nación, un movimiento antiinmigrante mordaz ha estado tratando de recortar los derechos de muchos individuos que viven en los Estados Unidos.
En 1994 los votantes de California adoptaron la “Propuesta 187″ que negaba los servicios mas básicos a cualquiera que haya sido sospechado de no ser un ciudadano o residente legal de los Estados Unidos incluyendo de educación, salud y servicios sociales.
En 1996, el Presidente Clinton refrendo la ley Acta de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996 (la nueva ley de bienestar social) que retiro una amplia gama de beneficios y servicios federales a tanto los inmigrantes indocumentados como los legales. Estos incluyen los servicios de sellos alimenticios y el Ingreso de Seguridad Suplementario, SSI. (Los beneficios del SSI fueron restablecidos después, pero solamente para aquellos inmigrantes que entraron en el país antes de agosto 22 de 1996, el día en que la ley entro en vigencia). En ese mismo año fue adoptada Acta de Reforma de Inmigración y de Responsabilidad Inmigrante, (IIRIRA), la cual recluye a los inmigrantes de retar las practicas y políticas abusivas del Servicio de Inmigración y Naturalización por la vía judicial.
Es cierto que la Constitución no le da a los extranjeros el derecho de entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, una vez aquí esta les ampara contra la discriminación basada en raza u origen nacional y contra el trato arbitrario por parte del gobierno. Los inmigrantes trabajan y pagan impuestos; los inmigrantes legales están sujetos al servicio militar. Muchos inmigrantes han vivido en este país durante décadas, se han casado con ciudadanos de los Estados Unidos y criado a sus hijos ciudadanos de los Estados Unidos. Las leyes que les castiga violan su derecho fundamental a un trato justo e igualitario.
Una parte considerable del sentimiento antiinmigrante en este país está basado en el temor infundado de que los inmigrantes ilegales están arrojándose sobre nuestras fronteras en cantidades sin precedentes. En efecto, la gran mayoría de los inmigrantes en nuestro país han entrado legalmente bajo estandartes estrictos impuesto por la ley Acta de Inmigración y Naturalización. El Acta permite que aproximadamente 800,000 personas se establezcan aquí cada ano como residentes permanentes incluyendo alrededor de 480,000 que son admitidos para reunirse con sus cónyuges, hijos, padres y/o hermanos; cerca de 140,000 que son admitidos para hacer trabajos que el Departamento del Trabajo ha determinado carecen de trabajadores americanos que los hagan; alrededor de 110,000 refugiados que han probado sus alegaciones de persecución política o religiosa en sus países de origen, y cerca de 55,000 que son admitidos bajo un sistema alternativo de lotería, comenzado en 1990, el cual principalmente beneficia a los jóvenes inmigrantes europeos y africanos.
LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictaminado que las garantías constitucionales aplican a cada persona dentro de los límites fronterizos de los Estados Unidos, incluso “los extranjeros cuya presencia es ilegal en este país.” Por otro lado, la Corte ha dicho que debido a que el gobierno federal tiene poderes amplios para supervisar la inmigración a este país, está capacitado para ejercer dichos poderes en formas que discriminan sobre la base de su “índole extranjera.” En otras palabras, el gobierno tiene el poder de decidir a quién dejar entrar al país y bajo qué circunstancias. Pero una vez aquí aun los inmigrantes indocumentados tienen el derecho a la libertad de expresión y de religión, el derecho a ser tratados justamente, el derecho a la privacidad y otros derechos fundamentales de que gozan los ciudadanos de los Estados Unidos.
Como los inmigrantes requieren una visa y sin esta no tienen el derecho de ingresar a los Estados Unidos, aquellos que no están aquí legalmente están sujetos a deportación. El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) tiene la autoridad de cuestionar a “cualquier persona a quien se cree ser un extranjero con respecto a su derecho de estar en los Estados Unidos.” Sin embargo en un caso de 1903 llamado Yamataya v. Fisher, la Corte Suprema de los Estados Unidos fallo que el INS no podía deportar a alguien sin tener una audiencia que reúna los estándares del debido proceso de la ley.
Desde entonces, los derechos procedimentales para los inmigrantes indocumentados han evolucionado de manera que hoy en día, a pesar de los intentos del Congreso de reducir estos derechos, cualquier persona que encara la deportación tiene el derecho de:
Tener una audiencia delante de un juez de inmigración y de revisión sostenida en la mayoría de los casos por un juez federal;
Ser representado por un abogado (pero no a costas del gobierno);
Recibir notificación razonable de las acusaciones, como del tiempo y lugar de la audiencia;
Tener una oportunidad razonable para examinar la evidencia y los testigos del gobierno;
Recibir interpretación competente para los inmigrantes no angloparlantes y que las pruebas que el gobierno presente como base de la deportación sean validas.
Reitero que es fundamental respetar a cada persona independiente de su raza, color, religión y/o estado migratorio. Todos debemos respetar las leyes pero estas deben de estar de acuerdo al momento histórico que vive nuestra nación. Teniendo que superar los problemas de discriminación que estos acontecimientos han reavivado en forma peligrosa para la tranquilidad nacional.
Paul Chehade:.
http://www.solidary.org
Nota:
Sería conveniente que todos y cada uno de nosotros conozca sus derechos al iguales que los deberes que tenemos para con nuestra sociedad. Para obtener parte de esta información los invito a visitar las siguientes páginas web:
Protecciones Federales Contra la Discriminación por Origen Nacional
http://www.justice.gov/crt/legalinfo/natlorg_spanish.php
Comentarios del Secretario de Justicia Auxiliar de Derechos Civiles Thomas E. Pérez.
http://www.justice.gov/crt/speeches/2009/crt-speech-091113-spanish.htm
Gobierno USA
http://www.usa.gov/gobiernousa
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